El presidente Abelardo de la Espriella presentó formalmente los lineamientos de su Estrategia Integral de Seguridad y Orden Público, una política nacional de «mano dura» diseñada para unificar las operaciones de seguridad y debilitar la economía de las organizaciones ilegales.

Ejes principales de la estrategia
Tratamiento unificado como terroristas:


Se eliminarán las diferencias y distinciones en el trato estatal a las bandas criminales; todos los grupos armados ilegales serán catalogados y perseguidos bajo el rótulo de organizaciones terroristas.


Bloque Nacional de Búsqueda contra la Extorsión: Creación inmediata de un cuerpo élite que articulará al Ejército, la Policía, la Armada, la Fuerza Aeroespacial, la Fiscalía y la Judicatura.


Ataque a finanzas criminales y reactivación de la UIAF: Se reactivó la Unidad de Información y Análisis Financiero para inspeccionar el historial de información bancaria de los últimos cuatro años mediante una integración directa con el sistema financiero.


Cuerpos élite de fiscales y jueces: Se instaurarán en las principales ciudades para agilizar procesos de judicialización y perseguir actividades específicas como los préstamos del «gota a gota» y el «cartel de las tierras».


Control migratorio y de cárceles: Inicio de redadas coordinadas contra la migración ilegal y la delincuencia en ciudades críticas como Barranquilla, además de traslados carcelarios de urgencia para evitar que los penales sigan funcionando como centros de extorsión.


Estatuto Antiterrorista: El Ministerio del Interior radicará ante el Congreso un proyecto de ley para formalizar un estatuto antiterrorista, creando una lista oficial de los objetivos catalogados como «narcoterroristas» por el Ejecutivo