El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó el pasado 24 de agosto de 2026 una ofensiva militar, policial y judicial para frenar el millonario robo de combustibles y petróleo crudo.
Esta orden presidencial activa una fuerza de tarea coordinada entre las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la empresa estatal Ecopetrol.

Puntos clave de la operación

Cifras del hurto: El mandatario alertó que mensualmente se extraen de forma ilegal aproximadamente 123.700 barriles de productos refinados como gasolina, diésel y nafta.

Pérdidas económicas: Las mafias dedicadas al contrabando y el «barbacheo» le roban a Ecopetrol más de medio billón de pesos al año.
Infraestructura afectada: La sustracción ocurre principalmente en infraestructura estratégica como el poliducto de 14 pulgadas que conecta a Pozos Colorados (Santa Marta) con el interior del país.

Nexos criminales: El Gobierno identificó que esta economía ilegal alimenta de forma directa las finanzas del narcotráfico y la minería ilegal, con participación activa de grupos armados como el ELN y el Clan del Golfo.

Primeros resultados: A los pocos días de la orden, el Ejecutivo ya reportó operaciones de asalto y la desarticulación de las primeras estructuras dedicadas al hurto de hidrocarburos en zonas como el departamento de Antioquia.